La
mayoría de las personas escucha y sabe, a través de los medios masivos de
comunicación, o por sus propios hijos en edad escolar, que los docentes estamos
de paro. En efecto, hace aproximadamente unos dos meses que empezamos a parar
debido a ciertos reclamos. Eso está claro, creo que ya todos manejan esa
información. Sin embargo, me parece que hay algo que no es tan claro, y eso no
tan claro es lo más importante: el motivo.
Imagino
que ante la falta de información, la mayoría no docente debe estar pensando que
nuevamente los maestros estamos frente a un reclamo salarial. Y estoy aquí escribiendo
justamente porque esa suposición no es correcta. También habrá más de uno que
esté diciendo –porque nunca faltan- que los docentes estamos de paro porque no
queremos trabajar, que somos unos vagos, que de qué nos quejamos cuando tenemos
tres meses de vacaciones (cosa que no es tan así…pero bueno, ese es otro tema)
y otras cosillas por el estilo, que siempre se escuchan por ahí…
Por
eso estoy aquí… por ellos, por nosotros, por todos…
Y
digo “por todos”, porque la Educación, lejos de ser un tema exclusivo de los
docentes, es un derecho social que involucra a todos los ciudadanos o miembros
de la comunidad. Todos podemos y debemos participar en los debates y decisiones
que respectan a la Educación Pública, todos somos o podemos ser parte de esta
lucha en defensa de la Educación que es de todos.
Y
así es que hoy no estamos reclamando más sueldo, no porque estemos ganando
salarios más justos, pero la verdad es que ahora nos convoca un problema en
nuestro sistema que es aún más importante y prioritario que el salario.
El
actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está intentando anular una
conquista justa del Sistema Educativo que, sólo hemos perdido (para que se den
una mínima idea) en gobiernos de factos, sí, durante las dictaduras militares.
La
cuestión se trata de, nada más y nada menos, que de derogar el sistema de
designación y ascenso de docentes. ¿Qué significa esto? Esto implicaría que los
docentes no accedan a sus cargos por mérito; por sus antecedentes
profesionales; gracias a una carrera forjada a lo largo del tiempo; a una
experiencia construida; a los puntajes ganados a través de la capacitación, la
actualización, la formación por medio de la realización de más carreras y/o
cursos… No, no, no… los cargos podrían serían designados por acomodo, otorgados
a los amigos del poder político de turno, siii, ¡aunque usted no lo crea!!!
La
modificación del Estatuto Docente que el Gobierno actual de la Ciudad promueve
significaría que las Juntas de Clasificación Docente sean abolidas. Dichas
juntas son organismos co-gobernados por representantes del Ministerio de
Educación y de los docentes. Estos órganos son elegidos por los mismos
trabajadores mediante el voto directo en elecciones democráticas y su función
(como su nombre lo indica) es clasificar a los docentes inscriptos en el
Sistema de Educación Público y otorgarles un puntaje de acuerdo a la formación
y antigüedad de cada uno. De este modo, estas Juntas garantizan un acceso a los
cargos que se realiza estrictamente por trayectoria y méritos, excluyendo todo
tipo de acomodo, con lo cual se intenta asegurar una educación de la mayor
calidad posible, donde no haya lugar para ningún tipo de beneficio a quienes
realmente no los hayan ganado con el merecido esfuerzo.
El
Gobierno alude a que el cambio propuesto ayudaría a la agilización del sistema,
pero bien sabemos que estas son excusas. Reemplazar las Juntas por una Oficina
Única manejada por el Poder Ejecutivo no garantiza disminución de la burocracia,
por el contrario… creemos que no sólo no agilizaría el sistema sino que lo
volvería, además de igual o más lento, injusto y antidemocrático. Este obrar
del gobierno no es más que un intento de privar a los docentes de algunos de
sus derechos y de algunas de las conquistas logradas tras años de incansable
trabajo en pos de una educación igualitaria, justa y de la mayor calidad
posible para todos.
Además,
las Juntas no sólo protegen los derechos de los docentes sino que, ante todo,
aseguran que la Educación esté lo menos posible atada a los intereses del
gobierno. Sabemos que el Sistema Educativo y la currícula que se selecciona
para impartir contenidos relevantes a nuestras nuevas generaciones (como ocurre
en todas las instituciones del Estado) no escapan a la influencia del poder
político, pero también sabemos que en pleno ejercicio de la democracia siempre
existen recursos e intersticios en las instituciones que nos permiten lograr
cierta autonomía ideológica y de acción. Sin embargo, si se implementaran los
cambios propuestos por esta gestión actual de gobierno, pues el Sistema Educativo perdería toda autonomía y toda posibilidad de intentar escapar de los
intereses de los gobernantes y mantenerse al margen de las cuestiones que
convienen a los gobiernos y no así a la Educación; y, de ese modo, la escuela se
transformaría en un títere absoluto de la política de turno…
Como
para ejemplificar el accionar de las Juntas en pos de asegurar el carácter
público y democrático de la Educación, podemos mencionar que en el año 2009,
esta misma gestión de gobierno que hoy quiere derogar las Juntas, intentó
cerrar 82 grados, reduciendo así la cantidad de escuelas de nuestra Ciudad. Esa
vez, el proyecto de cierre escolar no pudo concretarse gracias al accionar de
las Juntas que hoy quieren anularse. Fueron justamente esos docentes que nos
representan en dichos organismos los que impidieron que la Educación de
nuestros niños se vea empobrecida con la reducción de instituciones públicas
que garantizan un derecho que es de todos.
De
este modo, vemos que nuestros paros no sólo tienen un motivo, sino que además
ese motivo es realmente importante, y no sólo para los docentes. Como
ciudadanos también debemos ser conscientes que algunas gestiones de gobierno,
en particular las de corte neoliberal, intentan atentar sistemáticamente contra
derechos incuestionables y ya ganados tras generaciones de lucha.
Las
ideas liberales se apoyan sobre la base de un modelo de Estado descentralizado,
donde la Educación ya no sería asunto del Estado, donde el Estado no debiera
garantizarla, donde ya no existiría la gratuidad y la igualdad, donde la
escuela ya no sería pública sino privada; y por lo tanto, de desigual acceso,
de acceso acorde a los ingresos, de acceso si puede pagarse… A eso quieren
llegar (si los dejamos) estos modelos políticos y económicos.
Sea
como docentes, sea como ciudadanos, sea como padres, sea como alumnos, sea como
sujetos de derecho, sea como seres humanos que buscan crecer en libertad, sea
como argentinos que queremos que sea posible el sueño de ver un futuro de mayor
prosperidad para nuestra patria… sea como sea, y desde el lugar que nos toque,
debemos apoyar esta lucha, debemos defender la Educación Pública. Porque la
Educación no debería ser un bien, un servicio más que pueda comercializarse en
el mercado. La Educación es derecho, que
es de todos, sin distinción, sin importar el poder adquisitivo de las familias.
No
dejemos que la Educación sea algo más de lo mucho que sólo puede tener el que disponga
de dinero para pagar, de todo aquello que sólo se mide con billetes.
No
nos dejemos engañar por carteles amarillos que pretenden hacernos creer que
pintando la pared de una escuela de ese color se mejora la Educación (cuando
esa misma pared se viene abajo detrás del lengüetazo yema de huevo que ha
recibido), que de ese modo se hace Buenos Aires, o que de ese modo va a estar
bueno Buenos Aires, ni que vamos bien…
Iremos
bien si dejamos de votar discursos simpáticos, caras aparentemente amigables, mejoras
superficiales, falsas muestras de progreso, buzones que nos venden gracias a millonadas
de plata gastadas en publicidad (que sale de nuestros bolsillos), y comenzamos a
preocuparnos por entender la realidad de un modo más profundo y responsable. La
época del “pan y circo” ya debió haberse superado hace más de dos milenios…
María
Eugenia Rojas
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